La resolución surge a partir de un planteo del abogado Oscar David Calipo, defensor de varios imputados en la causa, quien sostuvo que los hechos investigados no corresponden al ámbito federal sino a la jurisdicción provincial. Según el planteo, tras casi diez años de investigación no se habría acreditado una afectación al erario nacional, sino que el presunto perjuicio recaería exclusivamente sobre fondos del Estado provincial.

En el expediente se investigan supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a obras y servicios provinciales. La defensa argumenta que dichos recursos provendrían de la “Cuenta Única del Tesoro” de la Provincia de La Rioja y de organismos locales, por lo que la competencia natural para investigar el caso sería la justicia ordinaria provincial.

En su resolución, la jueza Córdoba sostuvo que la competencia federal es excepcional y que, en este caso, no se acreditó un interés federal concreto que justifique la intervención de ese fuero. Por ese motivo, resolvió librar un oficio inhibitorio para que el juez federal decline la causa y remita las actuaciones al juzgado provincial.

La decisión abre ahora un conflicto de jurisdicción que deberá resolverse entre ambos fueros. Mientras tanto, el expediente podría quedar en suspenso hasta que se determine definitivamente qué tribunal continuará con la investigación.