La normativa reconoce el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su propio cuerpo dentro del plazo establecido, y establece la obligación del sistema de salud de brindar la práctica en condiciones de seguridad y sin costos. El debate legislativo estuvo marcado por intensas exposiciones y una fuerte movilización social tanto a favor como en contra del proyecto.

Mientras los sectores impulsores celebraron la sanción como una ampliación de derechos y una respuesta a una demanda histórica, la Iglesia Católica y otros credos religiosos manifestaron su rechazo a la ley, argumentando objeciones de carácter ético y moral. A pesar de las posturas encontradas, la aprobación de la IVE marcó un punto de inflexión en la agenda pública argentina y abrió una nueva etapa en el abordaje de la salud y los derechos reproductivos.