Durante su intervención, denunció que más del 99% de quienes querían participar quedaron afuera y que solo un mínimo porcentaje tuvo acceso a la palabra, lo que —según expresó— vulnera principios básicos de participación ciudadana establecidos en normativas ambientales nacionales e internacionales.

Silva también apuntó contra las modificaciones a la Ley de Glaciares, al considerar que son inconstitucionales y responden a presiones de corporaciones mineras y petroleras. En ese sentido, advirtió sobre el impacto en el Glaciar El Potro, uno de los más importantes del norte argentino, y denunció la presencia de proyectos megamineros en zonas protegidas.

La exposición hizo foco en el riesgo hídrico que implican estas actividades, señalando que la afectación del sistema glaciar podría comprometer el abastecimiento de agua en varias provincias del país. Además, remarcó que las empresas ya operan desde hace años en áreas periglaciares, lo que —según sostuvo— incumple la legislación vigente.

En un tono firme, la referente ambiental dejó en claro que su participación no convalida el proceso y anticipó posibles acciones legales. “No pasarán porque son ilegítimos”, cerró, en una frase que sintetizó el rechazo de los sectores ambientalistas.