Brenta señaló que el reciente acuerdo por 20.000 millones de dólares, aprobado en abril de este año con un desembolso inicial de 12.000 millones, constituye un “préstamo político”. La medida, dijo, apuntó a estabilizar el dólar y contener la inflación en el corto plazo, pero no resuelve los problemas estructurales de la economía.
La especialista advirtió que este tipo de operaciones tiene límites y consecuencias concretas para la ciudadanía: mayor inflación, aumento de precios y más presión sobre los sectores vulnerables. Además, Argentina se ha convertido en el principal deudor del FMI, lo que restringe su margen de maniobra económico y político.
Brenta concluyó que el presente escenario es preocupante y que la situación podría agravarse después de las elecciones, independientemente del resultado. “Es necesario encarar reformas estructurales y buscar soluciones sostenibles a largo plazo, en lugar de recurrir a préstamos políticos que solo favorecen a determinados sectores”, sostuvo.
La relación entre Argentina y el FMI ha sido motivo de discusión durante décadas. Mientras algunos defienden los préstamos como herramientas para estabilizar la economía, otros advierten que profundizan la dependencia y no resuelven los problemas de fondo. La visión de Brenta refuerza esta última postura, subrayando la necesidad de un cambio de enfoque que priorice el bienestar de la sociedad por encima de las urgencias coyunturales.